Estas son las acciones que debe aplicar el sector productivo para contribuir al compromiso de cambio climático adquirido por el país

  • Implementar procesos de auditoría técnico-legal, es una de las medidas más efectivas.
  • Se espera que políticas y planes de descarbonización se armonicen con las prácticas comerciales e industriales de todos los sectores económicos.

San José, Costa Rica. Junio de 2022. Costa Rica es reconocido mundialmente en cuanto a protección y conservación de los recursos naturales, no obstante, uno de los principales retos que enfrenta de cara al futuro es el de la descarbonización de su economía, meta a la que el país se ha comprometido a nivel internacional como su contribución para combatir el cambio climático, ante la Convención Marco de Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático.

La tendencia tanto de forma inmediata como paulatina en los próximos años, será que estas políticas y planes generales, den paso a acciones concretas que permitan armonizar las metas de descarbonización con las prácticas comerciales e industriales de todos los sectores económicos.

Esto demandará de las empresas la implementación de medidas que permitan ajustarse a las nuevas regulaciones, en este sentido la anticipación a estas adaptaciones puede generar ventajas competitivas que las compañías pueden aprovechar dentro de su sector económico.

Según Esteban Paniagua, especialista en Derecho Ambiental de Nassar Abogados, las empresas pueden desde ya, ajustar su operación a los propósitos del plan nacional de descarbonización, adoptando las siguientes medidas:

  • Mejora de la eficiencia energética: Ajustando su operación en cuanto al uso de equipos, privilegiando nuevas tecnologías más eficientes, aprovechando en la medida de lo posible horarios de trabajo que favorezcan un menor consumo, solicitando acceso a tarifas preferenciales por parte de las compañías distribuidoras de electricidad mediante la obtención de certificaciones de eficiencia energética.
  • Transporte cero emisiones: Las empresas pueden acogerse a los beneficios contemplados en la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, la cual contempla importantes beneficios fiscales.
  • Disminución de emisiones en el sector industrial: Buscar la disminución de la emisiones de gases de efecto invernadero mediante la modernización de sus procesos, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, aprovechando las exoneraciones al amparo de la Ley sobre Regulación del Uso Racional de la Energía, así como obteniendo certificaciones o etiquetas ambientales para sus productos, que puedan representar ventajas competitivas en el sector a través de la preferencia por parte del consumidor final.
  • Gestión integral de residuos: Cumplir con lo dispuesto en la Ley para la Gestión Integral de Residuos y promover los modelos de economía circular que permita reducir la generación de residuos, reciclar y reutilizar materiales dentro del proceso productivo.

“Este tipo de medidas dependerán del tipo de negocio o actividad de cada compañía, sin embargo, en modo general conseguir la mayor eficiencia en los procesos mediante el uso de tecnologías limpias es la tendencia para que las empresas puedan mantener su competitividad en el mercado, a la vez que se adaptan a la regulación cada vez más específica en esta materia”, comentó el especialista.

Herramientas y procedimientos a considerar para obtener los mejores resultados. Una de las medidas más efectivas para implementar estas prácticas en la industria, a la vez que se garantiza el cumplimiento de la regulación vigente, es la combinación de los procesos de auditoría técnico-legal, los cuales tienen como objetivo la evaluación y diagnóstico del impacto ambiental de una determinada actividad.

Estos procesos no solo auditan la transformación productiva como tal en relación con materias primas o gestión de residuos, sino que también evalúan aspectos de seguridad laboral y salud ocupacional con lo cual se logra un análisis de toda la operación, tomando en cuenta a quienes intervienen en ella.

Además, permiten anticipar posibles incumplimientos legales y regulatorios que podrían eventualmente impactar la operación del negocio, al tiempo que pueden generar ventajas competitivas como disminución de costos, facilidad para el acceso a créditos o seguros, e incentivos fiscales, así como una mejora en cuanto a la percepción del consumidor final, cuando se obtienen certificaciones o etiquetas ambientales a través de estos procesos.

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