- Obtuvieron una nota general del 84%. Trece buenas prácticas estuvieron por encima del promedio. En tanto, seis estuvieron por debajo.
- La verificación señaló que en general las entidades afiliadas cumplen con explicar al consumidor las nuevas condiciones, al momento de alcanzar un arreglo de pago. Pero se puede mejorar.
Con la intención de apegarse plenamente a los principios de alto nivel de protección al consumidor financiero establecidos por la OCDE, de la cual Costa Rica es un Estado miembro, las entidades financieras afiliadas a la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) comenzaron a aplicar, desde inicios del 2019, un Protocolo de Buenas Prácticas en servicios financieros, iniciativa coordinada por la OCF. El Protocolo se compone de 19 enunciados, que se definieron a partir de las mejores prácticas recomendadas por Banco Mundial.
Para determinar el grado de cumplimiento del Protocolo, la OCF diseñó una herramienta de validación, con el apoyo de un experto externo, que fue aplicada durante el mes de noviembre del 2021 a las diez entidades afiliadas -ocho bancos privados y dos cooperativas-. La herramienta requirió que las entidades respondieran y documentaran 60 criterios de evaluación.
La calificación promedio de las diez entidades fue de 84%, que considera desde una entidad que alcanzó una nota individual de 97%, en tanto que la más baja fue de un 60%.
“Desde la presentación del Protocolo a inicios de 2019, las entidades afiliadas se dedicaron a la implementación o ajuste de las prácticas deseadas, con la intención de crear las condiciones de servicio que satisfagan las necesidades de los clientes financieros, que a su vez respondiesen a los estándares de los países miembros de la OCDE y a las mejores prácticas en servicios financieros que ese organismo recomienda. Las entidades fueron ajustando los procesos para posteriormente someterse a la verificación de cumplimiento. De esta manera, las entidades disponen de un dato objetivo que sugiere áreas de mejora de la industria”, explicó Danilo Montero, director general de la OCF.
Los resultados individuales son confidenciales para cada entidad, y ya les fueron comunicados, donde además se les indicaron los enunciados con las calificaciones que requieren atención, para una nueva evaluación prevista para 2023.
En términos de la nota promedio, de las 19 buenas prácticas establecidas en el Protocolo, 3 de ellas son las que muestran las mayores posibilidades de mejora, lo que ha permitido diseñar un plan de trabajo. Dichos enunciados son:
· Enunciado 3: “La Entidad Financiera explicará al consumidor y garante(s), las situaciones que pueden llevar a un aumento en la cuota mensual del crédito.”
· Enunciado 5: “La entidad afiliada incluirá en sus contratos, y en cualquier otro canal relevante, la existencia y su afiliación a la Oficina del Consumidor Financiero, así como los mecanismos para resolver consultas o conflictos.”
· Enunciado 12: “La Entidad Financiera informará al consumidor, en un máximo de cinco días, después de haberlo ejecutado, cualquier tipo de cesión de créditos y que no hubiera sido advertida en el contrato de crédito.”
“La implementación plena del Protocolo es un proceso que toma tiempo y es permanente, con el que las entidades afiliadas se proponen consolidar un estándar de clase mundial en su servicio, que será validado por un tercero para respaldo del consumidor, razón por la cual la afiliación a la OCF se convierte en un sello de calidad para sus miembros. Ello incluye lograr cada vez mayor transparencia en el suministro de información y en los métodos de comercialización, tanto en sus productos de crédito y ahorro, como con otros servicios o productos financieros, como seguros e inversiones. Estas prácticas favorecen la inclusión financiera, pues por un lado obligan al afiliado a analizar de forma adecuada las necesidades del cliente, y de los clientes tener claro sus derechos y deberes, junto con el estudio cuidadoso de todo documento que se le suministre”, concluyó Montero.